En las afueras de León, Guanajuato, una de las potencias industriales de México, se encuentra el Polígono de Los Castillos. Se trata de un conjunto de aproximadamente 70 colonias donde viven cerca de 74.000 personas con pavimentación limitada, servicios públicos escasos y pobreza persistente. Casi la mitad de la población del estado de Guanajuato vive en situación de pobreza, y las tasas de violencia sexual y violencia doméstica han aumentado considerablemente en los últimos años. Para muchas mujeres en la colonia Nuevo León, en el corazón de este polígono, estas dos realidades no constituyen problemas separados. Son la misma experiencia cotidiana.

Mi investigación doctoral me llevó a este territorio entre 2021 y 2022, inmediatamente después de la pandemia de COVID-19. Buscaba algo que los documentos de política pública rara vez capturan: el trabajo popular, colectivo y a menudo invisible que las mujeres realizan para sostener la vida cuando el Estado está ausente o resulta insuficiente. Lo que encontré fueron dos organizaciones lideradas por mujeres que ofrecen una lección poderosa sobre el significado del cuidado y sus límites.

La primera es un grupo solidario de ahorro y préstamo, fundado en 2011 a través de conexiones con una organización local de derechos humanos. Cada semana, un grupo de mujeres se reúne para aportar pequeñas cantidades de dinero, acceder a préstamos sin intereses y realizar compras colectivas.

La dimensión económica es clara. Las mujeres obtienen acceso a recursos fuera del control de sus parejas, evitan prestamistas depredadores y pueden cubrir gastos domésticos urgentes. Pero reducir el grupo a su función financiera pasa por alto algo esencial. Como explicó una participante: “funciona como un motivo para reunirse, un espacio para encontrarse regularmente, ahorrar juntas y comenzar a identificar las necesidades económicas de las mujeres, tales como alimentación, autonomía y control sobre su propio dinero”.

En la práctica, el grupo es tanto una estrategia económica como un espacio de apoyo emocional.

La segunda organización, un colectivo centrado en el cuidado corporal y la escucha, surgió del grupo de ahorro en 2018. Basándose en conocimientos transmitidos por madres y abuelas, junto con formación previa de una monja que había vivido en el barrio desde 1997, sus integrantes ofrecen masajes, terapias naturales y escucha atenta a las mujeres de la comunidad.

Comenzaron de manera sencilla, invitando a mujeres en espacios públicos a sentarse durante unos minutos y recibir un pequeño masaje. Los efectos, sin embargo, fueron mucho más allá de lo que podría esperarse de un gesto tan modesto. Una y otra vez, las mujeres llegaban con un dolor de espalda o de estómago, y se marchaban habiendo nombrado algo completamente distinto: la tensión de vivir con una pareja que las controla, el miedo al conflicto, el agotamiento del estrés crónico. “Sus rostros cambian, su mirada, su sonrisa”, me dijo una integrante del colectivo. El cuerpo se convierte en un lugar donde la violencia deja su huella, pero también donde la sanación, aunque sea parcial, puede comenzar.

Desde una perspectiva de economía feminista, lo que estas dos organizaciones están construyendo es lo que yo denominaría una infraestructura comunitaria de cuidado. Un conjunto de prácticas que sostienen la vida en las dimensiones material, emocional y corporal simultáneamente. Operan donde la economía formal fracasa y donde los servicios estatales están ausentes.

No son organizaciones benéficas ni proveedoras de servicios convencionales. Son colectivos de mujeres con experiencias compartidas de precariedad que han construido confianza, habilidades y solidaridad, y las han puesto en práctica para hacer la vida más vivible.

Pero esta no es una simple historia de éxito.

Uno de los hallazgos más importantes de mi investigación es la ambivalencia de estas prácticas. El cuidado comunitario sostiene la vida, pero también depende del trabajo de las mujeres en condiciones de sobrecarga. El trabajo emocional de apoyar a otras a través de la violencia es exigente y no siempre se comparte equitativamente. Los silencios se acumulan. Algunas experiencias de violencia se perciben pero no se nombran, se acompañan pero no se transforman.

Surgieron tensiones dentro del colectivo, que finalmente condujeron a la salida de una de sus integrantes fundadoras. Estos no son fracasos de las organizaciones. Son síntomas de un problema estructural. Cuando el Estado no asume la responsabilidad del cuidado, esa responsabilidad recae sobre las mujeres, individual y colectivamente, una vez más.

Lo que estas mujeres han construido es real, importante y políticamente significativo. Un grupo de ahorro que funciona también como espacio de apoyo emocional. Un colectivo sanador que lee la violencia en el cuerpo y responde con tacto y escucha. Una red vecinal, construida a lo largo de décadas, que ha entretejido educación, economía solidaria, derechos humanos y cuidado.

Estas prácticas no erradican la violencia de género. No reemplazan las políticas públicas. Pero permiten a las mujeres sobrevivir a la violencia, reducir el aislamiento y, en algunos casos, imaginar formas diferentes de vivir.

Eso importa.

En contextos de desigualdad estructural, la capacidad de sostener la vida, de continuar adelante, de hacer posible la existencia cotidiana, es en sí misma una forma de acción política. El cuidado comunitario en las periferias urbanas de América Latina no es secundario a la economía. Es uno de sus fundamentos.

Reconocer esto es un primer paso hacia la exigencia de que los Estados, y no las mujeres solas, asuman la responsabilidad de sostener la vida.

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