Cuando Javier Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, prometió una nueva era de «libertad». Detrás de este discurso libertario se encuentra una historia conocida: profundos recortes al gasto social, el desmantelamiento de las instituciones de género y la privatización de los riesgos que sostienen la vida cotidiana (Lobato, 2024). Para las mujeres, estas reformas no son abstractas: reconfiguran el frágil equilibrio entre trabajo remunerado y no remunerado, entre ciudadanía y supervivencia.

En menos de dos años, el gobierno de Milei ha disuelto el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, detenido la expansión de los centros de cuidado, congelado los programas basados en género y retirado el apoyo a los espacios comunitarios que proporcionaban alimentos y asistencia en barrios de bajos ingresos. El cambio hacia un nuevo Ministerio de Capital Humano resulta emblemático: las políticas sociales que antes se diseñaban para garantizar derechos ahora se reformulan mediante el lenguaje de la productividad y la responsabilidad individual.

Este momento marca más que un episodio de austeridad fiscal. Señala una transformación más profunda en la manera en que se comprenden los derechos, el trabajo y el cuidado. El capitalismo no se sostiene únicamente a través de los mercados. Depende de condiciones de fondo —la naturaleza, el poder político y la reproducción social— que constituyen un tipo específico de sociedad. En este «capitalismo caníbal» (Fraser, 2023), el beneficio descansa sobre el trabajo invisible que sostiene la vida. Cuando los Estados se retiran, son las mujeres quienes llenan el vacío mediante trabajo de cuidado no remunerado y precario.

Cuidado, precariedad y la lógica del capitalismo caníbal

Durante la existencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina se destacó en América Latina, junto con otros países de la región, por reconocer el cuidado como una cuestión de interés público. El proyecto de ley Cuidar en Igualdad, presentado en 2022, buscaba construir un Sistema Nacional de Cuidados y articular la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las comunidades, basándose en la noción del cuidado como derecho humano (el derecho a cuidar, a recibir cuidado y al autocuidado, concepto acuñado por la feminista e investigadora argentina Laura Pautassi en 2007, que posteriormente fue introducido en diferentes instrumentos de derechos humanos en la región y recientemente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del Sistema Interamericano en la Opinión Consultiva 31/25).

Sin embargo, el proyecto perdió su estado parlamentario y la mayoría de las políticas que se habían construido fueron desmanteladas; recortes presupuestarios de hasta el 80 % en comedores comunitarios, la suspensión de la formación y certificación de cuidadores y la erosión de los programas de cuidado infantil han trasladado el cuidado nuevamente a la esfera privada (CELS, 2025; Poy y Dichiera, 2025; Vera et al., 2025; Messina, 2025). Cuando las políticas públicas se retiran, las mujeres absorben los costos —mediante más horas no remuneradas, menos oportunidades laborales y un agravamiento de la pobreza (Rodríguez Enríquez, 2015). Datos recientes confirman esta tendencia: a principios de 2024, más de la mitad de la fuerza laboral de Argentina carecía de empleo formal, y la pobreza alcanzó el 52,9 %, el nivel más alto en dos décadas (Carmona y Calvo, 2024). Las mujeres enfrentan tasas de informalidad superiores al 43 %, brechas salariales del 25 % y un promedio de ocho horas diarias dedicadas al cuidado no remunerado, en comparación con menos de cuatro para los hombres. Para muchas, el trabajo remunerado ya no garantiza autonomía, sino que se convierte en una estrategia de supervivencia en medio del colapso de los ingresos del hogar.

Esta dinámica revela la feminización de la pobreza y la precariedad: la participación de las mujeres en el mercado laboral aumenta, pero bajo condiciones de inestabilidad, informalidad y bajos salarios. Lejos de corregir las desigualdades, el mercado las reproduce —incorporando la división sexual del trabajo y devaluando el trabajo reproductivo. Al desmantelar programas que alguna vez reconocieron el cuidado como una responsabilidad social, las reformas actuales han intensificado un círculo vicioso: la sobrecarga de las mujeres en el hogar limita su acceso a un empleo digno, mientras que los empleos precarios refuerzan la dependencia del trabajo no remunerado.

Lo que ya era una crisis del cuidado, un punto en el que la demanda de trabajo del capitalismo colisiona con su retirada de las condiciones que hacen sostenible la vida (Pautassi, 2016), ahora se profundiza hasta convertirse en una situación insostenible. Esta crisis no es un efecto secundario del ajuste, sino uno de sus principales mecanismos. Al trasladar la reproducción social a los hogares, la austeridad transforma el cuidado en una carga privada y reafirma el orden de género tradicional bajo una retórica de «libertad» y «eficiencia».

Reivindicar el cuidado como derecho humano y como cuestión democrática

El momento actual ilustra cómo el ajuste neoliberal no es meramente económico, sino profundamente ideológico. Al redefinir la ciudadanía en términos de mercado, erosiona los fundamentos mismos de la democracia. La promesa de igualdad formal se vuelve vacía cuando las vidas de las mujeres están estructuradas por el trabajo no remunerado y el empleo inseguro. El desmantelamiento de la infraestructura de cuidado no solo reduce la protección social; reordena la sociedad según líneas de género y la división sexual del trabajo.

En este contexto, el cuidado emerge como un espacio de lucha democrática. Reivindicarlo como derecho humano y como cuestión pública significa reconocer la obligación del Estado de sostener la vida y de orientar el diseño institucional con el cuidado como eje transversal. Los movimientos feministas en toda América Latina han sostenido desde hace tiempo que el cuidado debe entenderse como una responsabilidad colectiva, no como un deber privado. La experiencia de Argentina vuelve esta reivindicación más urgente. Sin corresponsabilidad estatal, la autonomía de las mujeres se ve cercenada, las desigualdades sociales se amplían y la democracia misma se vuelve más frágil.

Revalorizar el cuidado, entonces, exige políticas que inviertan en infraestructura pública, formalicen el trabajo de cuidado y garanticen tiempo, ingresos y servicios para todos. Pero también requiere un cambio cultural: la comprensión de que sostener la vida no es una tarea individual, sino una condición compartida de la ciudadanía.

Volver «al futuro», como sugiere el título de este artículo, es repetir viejos patrones bajo nuevos nombres. Pero también es un recordatorio de que futuros alternativos siguen siendo posibles. Si la lógica del capitalismo caníbal consume el terreno mismo sobre el que se sostiene la sociedad, una política del cuidado ofrece un horizonte diferente —uno en el que la sociedad no se basa en la competencia individual, sino en nuestra capacidad colectiva de sostenernos mutuamente con dignidad.

Foto de Mariana Hernández-Montilla: https://www.flickr.com/photos/hybridproject/

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