[VERSIÓN EN ESPAÑOL: Demanda por el reconocimiento del cuidado como Derecho Humano]

En enero de 2023, el Gobierno argentino, a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presentó una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el derecho al cuidado. Las implicaciones del pronunciamiento de la CIDH sobre el derecho abarcan el reconocimiento y, por lo tanto, la protección de ese derecho; la posibilidad de contribuir a los tribunales nacionales en términos de jurisprudencia sobre casos relacionados con el ejercicio de ese derecho; el establecimiento de estándares internacionales que los gobiernos deben cumplir para su protección; y la concesión de visibilidad y atención al tema, lo que permite ejercer presión sobre los gobiernos para que adopten medidas orientadas a la protección de ese derecho.

Un dictamen consultivo de la CIDH vincularía el derecho al cuidado con reivindicaciones de derechos humanos más conocidas, en particular las relacionadas con los derechos sociales, económicos y culturales. En consecuencia, se constituyó Compromiso por los Cuidados (Commitment to Care), una red de la sociedad civil, con la participación de diversas organizaciones, movimientos sociales, ONG, académicos y activistas. Esta red elaboró un amicus curiae, un escrito de carácter consultivo que proporciona al tribunal un resumen exhaustivo de las normativas nacionales, regionales e internacionales que respaldan el reconocimiento del cuidado como un derecho humano universal y autónomo. Para ello, se presentaron un total de 130 documentos procedentes de redes internacionales con trayectorias diversas.

Estos documentos establecen distintas interpretaciones sobre cómo debería proceder la CIDH ante la petición del Estado argentino. En estos estudios, podemos encontrar argumentos sobre las poblaciones específicas que requieren cuidados, como la infancia, las personas con discapacidad, las personas mayores, quienes cuidan de manera remunerada y no remunerada, las condiciones laborales de quienes cuidan de manera remunerada, el reconocimiento de quienes cuidan sin remuneración en los sistemas de pensiones, las condiciones en las que se prestan los cuidados, tanto en contextos de privación de libertad como de pobreza y de elevada vulneración de derechos, sobre las diferentes formas que adopta el cuidado comunitario y las responsabilidades del Estado al respecto. Todo ello se apoya en la jurisprudencia existente para argumentar sobre este derecho, que consideramos fundamental para la sostenibilidad de la vida y habilitador de otros derechos humanos.

Pueden destacarse dos aspectos fundamentales de este proceso, que consideramos un faro para procesos similares a favor del derecho al cuidado en otras latitudes:

En primer lugar, el amicus curiae colectivo se materializó tras más de una década de producción intelectual y de acciones de incidencia en políticas públicas para subrayar la importancia de problematizar cómo se organiza el cuidado en nuestra sociedad y sus impactos diferenciales en el género, la clase social, la estructura familiar y las regulaciones estatales existentes y los servicios públicos.

Con este fin, el trabajo multidisciplinar en el ámbito académico, con la participación de profesionales de la economía feminista, el derecho, la ciencia política y la sociología, ha desempeñado un papel fundamental.

La labor de las ONG para generar acciones de incidencia y tender puentes entre la academia, la sociedad civil, los organismos del Estado y el Congreso, con el fin de incorporar este tema a la agenda pública, fue una piedra angular del proceso, que posteriormente hizo posible articular estas medidas.

La construcción de alianzas estratégicas con agencias de cooperación para sostener estos esfuerzos en el tiempo es fundamental para la sostenibilidad de un proceso de incidencia de esta magnitud.

La apertura y participación de grupos específicos de la sociedad civil que abogan por distintos aspectos del problema permitió conocer las facetas y características de los efectos de cómo se prestan los cuidados a diario, haciendo posible construir la problematización de este fenómeno social.

En segundo lugar, la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional de impulsar esta agenda fue fundamental para que esta petición llegara ante la Corte de la CIDH. La articulación sostenida de la sociedad civil permeó por los intersticios del Estado argentino, a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de la Dirección de Igualdad de Género del Ministerio de Economía, lo que condujo a la presentación del proyecto de ley Cuidar en Igualdad (que hoy, lamentablemente, perdió estado parlamentario, es decir, el debate legislativo vuelve al punto de partida), a la creación de la Mesa Nacional de Políticas de Cuidado y a la petición ante la Corte de la CIDH para establecer el derecho al cuidado.

En la actualidad, el proceso ante la Corte de la CIDH sigue en curso, y el tribunal ha informado de que las audiencias del caso se celebrarán en la sede del tribunal en San José, Costa Rica.

A nivel nacional, el contexto político ha cambiado de manera drástica, y los avances en este ámbito fueron barridos por el gobierno de extrema derecha de Javier Milei, que buscó llevar a cabo una restauración conservadora mediante la cual se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; se eliminaron todas las instituciones y el discurso sobre la igualdad de género; y se desmantelaron las garantías y prestaciones de la seguridad social. Estos cambios agravan la ya acuciante situación de las familias que afrontan la crisis económica del país, que tiene al 60 % de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza.

Puede parecer utópico debatir el derecho al cuidado en este contexto. Sin embargo, el largo recorrido de incidencia en la materia ha mostrado que los desafíos son una parte inexorable del camino. Al orientar el rumbo hacia nuestro faro —la consecución de una organización social del cuidado más justa y equitativa—, nos sumamos a una lucha colectiva que trasciende las fronteras nacionales y persigue el bienestar general de nuestras sociedades.

La imagen de portada está diseñada por Nancy Folbre
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